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Ley de transparencia

Las universidades son sujetos de aplicación de la Ley de Transparencia y, siguiendo el principio de publicidad activa, están obligadas a suministrar información "cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública".

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno entró en vigor en el año 2014. El texto legal señala explicitamente, en su artículo 2, a las universidades públicas dentro de su ámbito de aplicación: "Las disposiciones de este título se aplicarán a: (...) d) Las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas a cualquiera de las Administraciones Públicas o dependientes de ellas, incluidas las Universidades públicas". En su artículo 3, establece como otros sujetos obligados:"b) Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros." 

Sigiendo el principio general de publicidad activa, los sujetos de esta ley "publicarán de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública". Asimismo, "La información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados (...)".

 

Ley 1/2014 de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. El fin de esta ley es un instrumento operativo para cumplir objetivos de transparencia . Así, la Junta de Andalucía marca con objetivo en esta ley: "avanzar en el fiseño de un sistema andaluz de evaluación de políticas públicas, conforme al artículo 138 del Estatuto de Autonomía y en orden a la mayor transparencia en la gestión pública".