Gema Macías: «Cumplir la normativa urbanística no es sólo respetar la ley, es proteger el interés general y nuestro territorio»

Todos hemos oído hablar de viviendas ilegales, parcelaciones irregulares o construcciones levantadas en suelo protegido. Sin embargo, detrás de cada uno de esos casos hay un impacto que va mucho más allá de una infracción administrativa. «Tenemos que velar todos porque se cumpla la norma y, sobre todo, los valores que nos permiten vivir en un medio ambiente sostenible», afirma Mª Gema Macías, jefa del Área de Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía y directora del curso La disciplina territorial y urbanística en Andalucía, que se celebra dentro de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en la Sede Tecnológica de Málaga.

La responsable de la inspección urbanística andaluza defiende que la protección del territorio no puede recaer únicamente sobre las administraciones públicas, sino que requiere también un compromiso ciudadano basado en el conocimiento y el respeto a las normas.

La falsa sensación de que "no pasa nada"

Uno de los principales problemas, explica Macías, es la percepción social de que construir sin autorización apenas tiene consecuencias.

«Muchas personas dan por hecho que, como existen numerosas construcciones ilegales, se puede seguir edificando, pagar una multa y que todo quede resuelto. Ese es el mayor error. Hay que entender por qué existen esos límites y qué es lo que realmente protegen», señala.

En su opinión, esa visión ha empezado a cambiar en los últimos años, impulsada por las consecuencias que generan determinadas actuaciones irregulares sobre el territorio.

Las lecciones que dejan las catástrofes

La directora del curso considera que la sociedad es hoy más consciente del valor de la planificación urbanística porque ha podido comprobar las consecuencias de ocupar espacios inadecuados.

«Estamos padeciendo consecuencias nefastas, especialmente en parcelaciones urbanísticas donde no sólo se compromete la legalidad, sino también la seguridad de las personas», agrega.

Las inundaciones registradas en los últimos inviernos o los incendios que afectan a zonas con edificaciones dispersas han puesto de manifiesto, según indica, los riesgos de construir en suelos donde ese tipo de usos están prohibidos.

«Lamentablemente, las desgracias son las que más nos enseñan y las que nos hacen reflexionar sobre la importancia de respetar el territorio.»

El interés general como único criterio

Aplicar la normativa urbanística implica gestionar intereses muy diversos: propietarios, administraciones, vecinos o promotores. Frente a ello, Macías sostiene que el criterio debe ser siempre el mismo.

«Quien aplica la ley no debe pensar en el interés particular de nadie, sino en el interés general. Ese es el principio que marca la Constitución y el que debe orientar cualquier actuación administrativa.»

Para la directora del curso, esa perspectiva resulta esencial para garantizar un desarrollo territorial equilibrado y compatible con la protección del medio ambiente y la seguridad de la ciudadanía.

Una formación para unificar criterios

El curso que dirige en la UNIA reúne a juristas, arquitectos, técnicos municipales y profesionales vinculados al urbanismo con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica y favorecer una aplicación homogénea de la normativa.

«Conocer bien la norma proporciona muchas más herramientas para aplicarla con garantías y evita que existan criterios diferentes entre unos municipios y otros. Pero, además, hay que interiorizar su verdadero sentido para poder transmitirlo», concluye.