La sede de La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) acoge esta última semana el curso de verano sobre `Contratación pública: doctrina aplicada a supuestos reales. El acuerdo Mercosur-UR. Nuevas perspectivas en la contratación internacional´.
Esta tercera edición parte con el objetivo de que “el conocimiento de la doctrina y jurisprudencia en materia de contratación es la mejor forma de evitar la litigiosidad y ganar agilidad en la tramitación de los procedimientos de contratación, es decir, debe ser la formación y conocimiento recíproco, con criterios claros”, ha explicado el director del curso Joaquín María Barrón. A lo que ha añadido que "es una iniciativa del Tribunal (Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucia), que trata de evitar errores típicos de todos los órganos de contratación y empresas que están en el ámbito de la contratación andaluza y bajo la jurisdicción potestativa del mismo, pues somos el órgano especial independiente y equidistante entre la administración pública autonómica y todo el sector público local andaluz (más de 800 municipios)”.
Entre las materias que se han abordado en el curso, Barrón ha desgranado que “son las propias objeto del recurso especial, la naturaleza jurídica, composición, competencia, ámbito objetivo y subjetivo y cuestiones procedimentales del recurso especial en materia de contratación. Asimismo, la doctrina principal de nuestro Tribunal y otros como el Central o los autonómicos, exponiendo los puntos específicos donde existe doctrina unánime o puntos de vista dispares, en nuestras resoluciones cuando se impugnan anuncios de licitación, pliegos, o sobre los actos de adjudicación, o actos de trámites cualificados, así como la jurisprudencia que emana del TJUE en materia de contratación”.
En cada edición, los profesionales de contratación van un paso más allá y, en esta ocasión, “incorporamos con los profesores invitados la visión de la contratación en derecho comparado, así como las nuevas perspectivas en el ámbito del reciente acuerdo entre la Comisión Europea y Mercosur. También, en que grado es aceptada nuestra doctrina por instancias superiores del poder judicial, cuando nuestras resoluciones son recurridas por la Administración o por las empresas licitadoras”, ha agregado el también presidente del referido tribunal.
Asimismo, se ha disertado sobre la gran problemática que es el reequilibrio de los contratos públicos, una vez que se están ejecutando, y su relación con la modificación, especialmente en un contexto económico inflacionista. Para ello, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, Juan Antonio Carrillo, se ha referido al tratamiento jurídico de los supuestos de reequilibrio económico de los contratos públicos, afirmando que "se trata de un tema muy polémico y muy actual, de enorme trascendencia práctica, debido al efecto que ha producido el incremento descontrolado de los precios desde la segunda mitad del año 2021 en los contratos en vigor”.
Carrillo ha incidido en que “se trata de un efecto elemental en tiempos de inflación: a más tiempo de duración de un contrato, cuyos precios se ven ‘congelados’ en el origen, mayor riesgo de pérdidas para el contratista, que se encuentra muchas veces inerme por las dificultades prácticas de aplicación de las técnicas y el enorme peso que tiene el principio de `riesgo y ventura´ del contratista en el ámbito de la contratación pública”. Así, ha apuntado que “estas situaciones empeoran aún más si cabe la situación de desequilibrio de los contratos, que se prolongan con precios pactados hace años y que devienen obsoletos e insostenibles”.
La tercera edición de esta formación está homologada como actividad formativa por el Intituto Andaluz de Administraciones Públicas, y sus estudiantes han podido aprender y actualizarse con ponentes como los anteriormente citados, así como con Mª del Rosario Forján, Mª Lourdes Ruiz-Cabello; Pablo Vicente y Manuel Gutiérrez, vocales del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía; Mª Rodríguez, secretaria General Técnica de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos; Liz Mª Centurión, de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas del Gobierno de Paraguay; Enrique Orlando Díaz, de la Universidad de Sevilla, y Mª del Amor Albert, del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.
