El sistema de resolución de litigios en el deporte español afronta un cuello de botella provocado por la lentitud de la justicia ordinaria y la escasa implantación de mecanismos como el arbitraje o la mediación. Así lo advierte Miguel Ángel Vaquero, abogado especializado en Derecho y Gestión deportiva y presidente de la Asociación Española de Derecho Deportivo, en los Cursos de Verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en la Sede Antonio Machado de Baeza (Jaén).
Vaquero que participa como ponente en el curso Derecho y deporte. Cuestiones relativas a la solución de litigios en el deporte, explica que la propia dinámica de los tribunales tradicionales choca con los tiempos que exige la alta competición.
«El problema fundamental es el estado actual de la justicia en los tribunales ordinarios. Se debe articular una situación mejor, pero para que el arbitraje funcione debe existir una voluntad real de acuerdo por ambas partes, ya que muchas veces se carece de esa disposición y el conflicto permanece abierto indefinidamente», manifiesta.
Y ha recordado que la falta de uso de las vías extrajudiciales no responde a un problema de cualificación técnica. «Disponemos de profesionales de primer nivel mundial, muchos de los cuales forman parte de la Asociación Española de Derecho Deportivo. España es uno de los países que cuenta con mayor número de miembros que ejercen de árbitros en tribunales internacionales», remarca, al tiempo que atribuye la desconfianza actual a un problema de divulgación institucional. «El tribunal de arbitraje del Comité Olímpico Español lleva constituido más de 15 años y, sin embargo, apenas se recurre a él por desconocimiento», apunta.
Asimismo, el jurista señala las prioridades legales y económicas más urgentes para la industria. Entre ellas, destaca el grave impacto económico que genera la piratería en los derechos audiovisuales y la necesidad de completar el desarrollo reglamentario de la vigente Ley del Deporte. «La norma anterior databa de 1990 y resulta imprescindible desarrollar los nuevos reglamentos para adaptar la ley a la realidad actual y facilitar la resolución de conflictos», concluye.
